Y se esperan más detenciones en los próximos días, según fuentes cercanas a las investigaciones que prefieren mantenerse en el anonimato. Ya se confirmó lo que durante semanas se rumoreaba en los más recónditos pasillos del poder, tanto en la capital estatal como en las dependencias federales: la red de influencia criminal no solo opera en las calles, sino que ha logrado introducir sus raíces en las mismas instituciones de gobierno, desde el presidente municipal de uno de los municipios más emblemáticos del estado hasta los principales directores de áreas estratégicas, quienes aparecen como los eslabones que han mantenido la conexión entre el aparato público y las estructuras delictivas.
EL ANUNCIO
La mañana de ayer, en un anuncio que conmovió al estado de Jalisco y trascendió las fronteras nacionales, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó formalmente la detención en territorio jalisciense del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, así como de tres de sus funcionarios de confianza: el Director de Seguridad Pública del municipio, encargado de velar por la tranquilidad de sus habitantes; el Director de Catastro y Predial, responsable de la administración de bienes y recursos territoriales; y el Director de Obras Públicas, a cargo de las infraestructuras que impulsan el desarrollo local. Todos ellos han sido vinculados por las autoridades a una célula operativa del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habría utilizado sus cargos para facilitar el tráfico de armas, la apropiación de terrenos y la obtención de contratos públicos de manera ilícita.
ERA PARTE DE…
La detención se dio como parte del seguimiento a la Operación Enjambre, una estrategia interinstitucional que ha sido diseñada para desmantelar las redes de corrupción que alimentan a las organizaciones criminales en el occidente del país. En esta jornada de operaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) trabajaron en coordinación para ejecutar cinco cateos exhaustivos en diversos domicilios y propiedades de la entidad, ubicadas tanto en la cabecera municipal de Tequila como en colonias residenciales de Guadalajara y Zapopan. Durante estos procedimientos, se cumplimentó la orden de aprehensión emitida por un juez federal contra Rivera Navarro y sus colaboradores, quienes fueron trasladados bajo escolta militar a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para iniciar el proceso legal correspondiente.
TENÍA RAZÓN
Es de aclarar que la relación entre el gobernador del estado, Pablo Lemus, y el ahora detenido alcalde de Tequila no era la más fluida desde hace varios meses. Ello porque líderes empresariales del ramo tequilero –sector que representa una parte fundamental de la economía jalisciense y del patrimonio cultural nacional– se habían quejado directamente con el mandatario estatal sobre irregularidades en la adjudicación de permisos, la imposición de cuotas ilícitas y la interferencia en la actividad comercial de sus empresas. Según testimonios recogidos por las autoridades, estos empresarios habían señalado que la presión ejercida desde el ayuntamiento de Tequila estaba afectando su capacidad de operar y generar empleos en la región.
OPERACIÓN “BORRÓN”
En medio de esta situación, algunos periodistas, entre ellos Juncal Solano, se habían lanzado con fuerza contra el gobernador, dirigiendo sus críticas de manera contundente y llegando incluso a atacarlo en sus puntos más vulnerables, defendiendo precisamente al alcalde que ahora resulta ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para intentar borrar cualquier rastro de sus anteriores declaraciones, la comunicadora ha procedido a eliminar todo el contenido que había publicado en sus redes sociales en los últimos meses, en donde defendía a Rivera Navarro y cuestionaba las investigaciones que lideraba Omar García Harfuch. Hasta el momento, Solano no ha ofrecido una explicación pública sobre la retirada de sus publicaciones ni sobre su postura anterior frente al caso.
HABRÁ MÁS INFORMACIÓN
Habrá más información de esta naturaleza que saldrá a la luz en los próximos días, ya que en días pasados se conoció que autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos, encabezadas por Marco Rubio, del vecino país del norte, habían exigido formalmente al gobierno mexicano que procediera a entregar a prominentes políticos y funcionarios públicos que, según sus investigaciones, mantendrían vínculos con organizaciones criminales transnacionales. Esta presión internacional se suma a la demanda interna de transparencia y justicia, como parte de los esfuerzos para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno.
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