El caso Clarisa generó una movilización social sin precedentes, durante un día entero se paralizó una de las principales vías de la ciudad, dejando opiniones divididas entre la sociedad y el sector empresarial
Puerto Vallarta vivió un fin de semana particularmente complicado a raíz de la manifestación por el caso de Clarisa, la joven que perdió la vida tras un accidente automovilístico ocurrido el pasado 12 de enero y que, luego de permanecer dos semanas hospitalizada, falleció a consecuencia de las lesiones.
La protesta fue convocada para la mañana del viernes 30 de enero en el edificio Unirse, en Fluvial Vallarta, donde desde temprana hora comenzaron a reunirse decenas de ciudadanos para exigir justicia y la detención del presunto responsable.
Tras concentrarse en el punto acordado, los manifestantes bloquearon por algunos minutos la vialidad de Grandes Lagos y posteriormente avanzaron a pie por la avenida Prisciliano Sánchez hasta llegar al crucero del Pitillal.
En ese punto estratégico, donde convergen las avenidas Medina Asencio y Prisciliano Sánchez, el grupo se instaló y bloqueó la totalidad de los carriles, ocho de Medina Asencio y cuatro de Prisciliano Sánchez, generando un severo caos vial justo al inicio del primer fin de semana largo de 2026.
Con consignas, pancartas y cuerdas, los manifestantes exigían la presencia del alcalde Luis Ernesto Munguía González para que diera certeza sobre la detención del presunto responsable.
El bloqueo se prolongó durante varias horas y se extendió también al cruce de Medina Asencio con Politécnico Nacional, donde se registraron algunos disturbios y enfrentamientos verbales entre automovilistas afectados y manifestantes.
Ante la falta de acuerdos, la protesta continuó durante la noche y la madrugada, y para la mañana del sábado 31 de enero ya se habían cumplido 24 horas del paro, manteniendo paralizada una de las principales arterias viales de la ciudad.
Ese mismo sábado se celebró una sesión de Ayuntamiento en la que se aprobó otorgar una beca vitalicia de estudios al hijo de Clarisa, por un monto de 15 mil pesos mensuales hasta que concluya sus estudios superiores.
Posteriormente, el alcalde ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que el presunto responsable ya se había presentado ante el Ministerio Público, que la audiencia de imputación fue fijada para el martes 3 de febrero y que el delito en la carpeta de investigación fue reclasificado de lesiones a homicidio.
Además, pidió a la ciudadanía colaborar con pruebas que fortalezcan el caso y negó conocer personalmente al señalado, luego de que circularan versiones que lo vinculaban con él.
A pesar de estos anuncios, la manifestación se mantuvo hasta la tarde del sábado, incluso después de que la familia de Clarisa solicitara al contingente retirarse y liberar las vialidades.
Finalmente, fue hasta la noche cuando los últimos manifestantes desistieron y la ciudad recuperó su normalidad.
No obstante, sectores como el restaurantero y hotelero expresaron su preocupación por las afectaciones económicas y de imagen, advirtiendo que, aunque las protestas sean legítimas, Puerto Vallarta debe preservarse como un destino seguro y amigable para turistas, sin descartar que puedan registrarse nuevas movilizaciones si el caso no tiene un desenlace satisfactorio.
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