Si uno creyera en fantasmas y en lecciones de historia, lo que está ocurriendo en Minnesota debería poner los pelos de punta a cualquiera que se considere amante de la libertad y el Estado de Derecho. Lo que empezó a finales de 2025 como un simple despliegue de agentes federales para “reforzar la inmigración” —eso que el gobierno de Donald Trump ha bautizado como Operación Metro Surge— se ha convertido en un campo de batalla político, social y moral que ya trasciende las fronteras del estado norteamericano y pone en jaque la confianza en las instituciones.
En pocas semanas Minnesota pasó de ser un rincón gélido del medio oeste a epicentro de un debate que muchos habíamos pensado superado: ¿puede un gobierno federal enviar miles de agentes, armar redadas, interrumpir comunidades enteras y, encima, matar a civiles bajo el pretexto de la seguridad nacional? Y no es poca cosa: dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron a manos de agentes federales en medio de estas acciones.
Trump y sus voceros han defendido esta operación como un acto de firmeza. Desde el Departamento de Seguridad Nacional aseguran que se trata de la operación más grande hasta la fecha para capturar a inmigrantes con antecedentes delictivos o en situación irregular. El mantra es el de siempre: “lo peor de lo peor”, “criminales”, “amenaza a la seguridad”. Sin embargo, la realidad que se ha desplegado en las calles de Minneapolis y Saint Paul pinta un cuadro considerablemente más oscuro, desafiante y preocupante.
Primero, está la brutalidad evidente. La muerte de una mujer y de un enfermero —dos vidas que no estaban cometiendo delitos graves más allá de protestar o simplemente estar presentes— no puede explicarse con giros retóricos ni con “defensa propia”. Testimonios, videos y análisis independientes han demostrado que al menos en el caso de Pretti, que tenía 37 años y trabajaba en cuidados intensivos, la narrativa oficial colisiona con las imágenes que circulan: muchos de sus movimientos no se asemejan a una amenaza inminente que amerite fuego letal.
Segundo, el impacto sobre la comunidad va más allá de cifras y estadísticas. Ya hay reportes de miles de arrestos —incluyendo casos en que la gente fue sacada de sus hogares, de sus trabajos, e incluso de centros educativos sin claridad sobre su estatus legal—, y el miedo se ha esparcido como pólvora. Vecinos y activistas hablan de hostigamiento, uso de gas lacrimógeno, detenciones arbitrarias de observadores civiles y un ambiente que recuerda más a una ocupación militar que a una acción de aplicación de leyes inmigratorias.
La respuesta política no se ha hecho esperar. Líderes demócratas como los senadores de Minnesota han pedido el fin de la operación, y tribunales federales han empezado a frenar algunas políticas que atacaban incluso a refugiados legales —aquellos que ya tenían permiso para estar en el país esperando su residencia— ordenando que no sean arrestados arbitrariamente.
Pero quizá lo más revelador —y preocupante— es la fractura que esta situación ha provocado en la percepción pública de las instituciones. No se trata únicamente de inmigración, sino de confianza cívica. Minnesota, un estado que alguna vez fue símbolo de moderación política en EE. UU., ahora atraviesa protestas masivas que han reunido desde trabajadores hasta activistas de derechos civiles y sindicatos, algunos incluso convocando una huelga general para exigir la suspensión de estas acciones federales.
Desde afuera, uno podría pensar que esto es solo otro episodio de polarización estadounidense. Pero el peligro radica en otro lado: cuando el uso de la fuerza se normaliza contra civiles, cuando la narrativa del enemigo interno se usa para justificar lo injustificable, cuando las instituciones que deberían proteger los derechos en vez de violarlos —como la judicatura o las agencias de seguridad— se ven empantanadas en justificaciones y defensas torpes, el choque no termina con simples titulares.
Y mientras tanto, la cultura popular se ha impregnado de este conflicto. Artistas como Bruce Springsteen, con su canción protesta Streets of Minneapolis, han puesto palabras y música al clamor de una parte importante de la sociedad que ve en las calles de Minnesota algo más que una estadística: una crisis de valores.
La administración Trump ha intentado rebajar las tensiones —en parte por la presión pública y legal— enviando a su “zar de la frontera”, Tom Homan, a intentar mediar y ajustar la estrategia de aplicación. Pero cambiar de rostro no cambia la esencia de una política que ha sembrado miedo, desconfianza y resentimiento entre comunidades que ya estaban suficientemente tensas por décadas de debate migratorio.
Quizá el mayor error de esta operación no haya sido el operativo en sí, sino subestimar el tejido humano que constituye Estados Unidos —y, por extensión, cualquier sociedad moderna—. Porque detrás de cada estadística hay familias, niños que ven a sus padres ser arrestados, comunidades que sienten que su país, que debería ser hospitalario, los ha señalado como culpables de existir.
Ahora, más que nunca, la discusión sobre inmigración no puede ser reducida a eslóganes, ni puede ser resuelta únicamente con más redadas o más agentes. Requiere empatía, inteligencia política y, sobre todo, respeto irrestricto a las normas que han sustentado la convivencia civilizada. Minnesota nos está mostrando que cuando un gobierno federal decide que puede pasar por encima de los derechos individuales en nombre de la eficiencia o la seguridad, lo que está en juego no es la frontera ni la migración: es la confianza misma en la idea de nación y en la dignidad de cada persona.
Lo que pase en Minneapolis y Saint Paul en las próximas semanas no solo dirá mucho de la política migratoria estadounidense, sino del alma misma de una república que se precia de ser libre. Porque si la aplicación de la ley deja de ser sinónimo de justicia, nos quedamos con un Estado armado, poderoso y, sobre todo, desconectado de la gente que dice defender.
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