Hay nombres que no deberían cargar con el peso de una época.
Nombres que tendrían que pertenecer únicamente a la infancia, a la escuela, al juego, a la vida que empieza.
Pero hay momentos en la historia en que el poder decide otra cosa.
Y entonces un nombre —el de un niño— se convierte en evidencia.
Liam Conejo Ramos no es una metáfora ni un recurso retórico. Es un menor de edad detenido por autoridades federales de Estados Unidos dentro del propio territorio estadounidense, no en un cruce fronterizo, no en tránsito, no en un limbo legal. Detenido y encerrado junto a su padre en condiciones que defensores de derechos humanos describen como degradantes incluso para adultos: agua contaminada, alimentos en mal estado, encierro prolongado, trato humillante.
Un niño convertido en mensaje.
El caso de Liam no es un accidente administrativo ni una falla aislada del sistema. Tampoco es un exceso atribuible a un agente desbordado. Es el resultado directo de una política deliberada: la normalización de la crueldad como herramienta de gobierno bajo la administración de Donald Trump.
Durante décadas, incluso en los periodos más duros del discurso antiinmigrante, existió una frontera moral tácita: los niños no se usan como escarmiento. Esa frontera fue borrada. Hoy, ICE detiene bebés, niños y adolescentes con el aval explícito del Ejecutivo federal. No por negligencia, sino por diseño. No por error, sino por convicción.
Y cuando la indignación pública asoma, la respuesta no es rectificar, sino endurecer.
La salida de Gregory Bovino no significó una corrección del rumbo, sino un desplazamiento hacia una lógica aún más punitiva. En su lugar aparece Tom Homan, designado sin ambages como “zar de la frontera”. No es un burócrata técnico ni un administrador prudente. Es un ideólogo del castigo: defensor de redadas internas, enemigo declarado de las ciudades santuario, convencido de que el miedo no solo debe ejercerse, sino mostrarse.
Homan no llega a apagar incendios. Llega a imponer disciplina a través del temor.
Su nombramiento no es un hecho aislado, sino parte de un engranaje ideológico compacto: un vicepresidente que justifica la violencia como mecanismo de “defensa”, una secretaria de Seguridad que recicla el discurso del enemigo interno, una vocera presidencial que miente con arrogancia desde el podio, y un operador dispuesto a ejecutar sin matices la lógica del castigo ejemplar.
No son improvisados. No son torpes. Son convencidos.
En ese contexto debe leerse la farsa del supuesto “acuerdo” anunciado desde la Casa Blanca con el gobernador de Minnesota. Un acuerdo inexistente, no firmado, no avalado, proclamado unilateralmente para simular cooperación donde hay rechazo abierto. Una ficción política destinada a construir legitimidad artificial para una política que carece de ella.
Más grave aún es el contenido de lo que se pretende imponer. No protege a las personas ni establece salvaguardas. Todo beneficia al Ejecutivo federal. Bajo ese esquema, los gobiernos estatales quedarían reducidos a subcontratistas de la represión, asumiendo costos políticos y sociales mientras Washington se lava las manos. No hay compromisos claros para frenar abusos, no hay límites verificables a ICE, no hay garantías para menores ni ciudadanos estadounidenses. No es coordinación institucional: es coacción.
Por eso el gobernador de Minnesota no lo avala ni lo hará. Porque aceptarlo equivaldría a legitimar la barbarie.
Minnesota se ha convertido, sin buscarlo, en una advertencia nacional. Un gobernador activando la Guardia Nacional no para reprimir protestas ciudadanas, sino para proteger a la población frente a la actuación del propio gobierno federal. Esa imagen rompe con el relato oficial. No es insurrección. Es autodefensa institucional frente a un Ejecutivo que ha dejado de reconocer límites legales y morales.
Aquí conviene decirlo sin rodeos: la resistencia cívica es legítima cuando el poder se vuelve abusivo. No solo es legítima; es necesaria. Lo que hoy se observa en las calles no es una conspiración partidista ni una manipulación externa, sino la reacción de ciudadanos —muchos de ellos estadounidenses— que se niegan a aceptar que el miedo sea la nueva norma de convivencia.
La historia ofrece lecciones claras. Cuando el poder concentra fuerza armada, desacredita a los jueces, miente a los gobiernos locales y utiliza a niños como instrumento de intimidación, la obediencia deja de ser virtud. En esos contextos, la resistencia pacífica, organizada y cívica deja de ser una opción para convertirse en un deber democrático.
Liam no entiende de política pública ni de doctrinas de seguridad nacional. Pero su detención dice más sobre el momento que vive Estados Unidos que mil discursos presidenciales.
Dice que el poder perdió la vergüenza.
Dice que la ley se volvió selectiva.
Dice que la crueldad dejó de ser un desliz y pasó a ser método.
Estados Unidos aún puede corregir el rumbo. Su historia demuestra que tiene reservas cívicas y democráticas para hacerlo. Pero no será este Ejecutivo quien encabece esa rectificación.
Cuando el gobierno decide gobernar con miedo, la legitimidad se traslada a la sociedad. Así ocurrió en otros episodios oscuros del pasado. Así vuelve a ocurrir ahora.
Liam no debería ser un símbolo.
Pero lo es.
Y la pregunta que queda ya no es teórica ni distante. Es urgente, concreta y profundamente política:
¿quién asumirá el liderazgo cívico capaz de frenar a un gobierno que, con Tom Homan y su círculo al frente, ha optado por gobernar mediante el terror y la barbarie más denostable?
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