Imagínese por un momento que usted se saca una casa a través de un sorteo realizado por la Lotería Nacional —un sueño hecho realidad para miles de mexicanos que compran boletos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida—. Pero esa vivienda no es como cualquier otra: tiene un dueño pasado que no es cualquiera, sino uno muy pesado que recientemente salió de la cárcel, conocido en los círculos del crimen organizado como un duro del “Cártel de los Beltrán Leyva”. Una situación que parece sacada de las páginas de una novela policiaca o la trama de una película de acción, pero que se convirtió en la cruda y angustiosa realidad de una familia que nunca imaginó que su fortuna se convertiría en una pesadilla.
LA LOTERÍA NACIONAL
Pues bien, nuestra historia comienza así: una vivienda urbana de dos pisos, rifada por la Lotería Nacional en estrecha coordinación con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), fue reclamada posteriormente por un grupo armado compuesto por unas ocho personas vestidas de negro completo y portando armas de fuego de alto calibre. El hecho ocurrió en la madrugada del 7 de octubre de 2024, cuando los individuos llegaron al inmueble en tres vehículos sin placas identificatorias, irrumpieron en la propiedad después de forzar la puerta principal y amenazaron a la ganadora y a sus familiares con causarles graves daños si no abandonaban el lugar de inmediato. Esta situación obligó a la familia a salir precipitadamente, sin poder llevar consigo más que sus documentos personales, algunas prendas de ropa y objetos de valor sentimental, pese a que el bien había sido asegurado mediante un riguroso proceso de extinción de dominio judicial —un trámite que duró casi una década y que buscó garantizar la total legalidad de la propiedad, así como proteger a quienes la recibieran como premio—.
¿AL PUEBLO LO ROBADO?
Entre 2018 y 2024, el INDEP —dependencia federal adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de administrar, custodiar y poner en valor los bienes decomisados a criminales organizados y personas vinculadas a actividades ilícitas— subastó y sorteó más de mil 300 propiedades en todo el territorio nacional. Estas incluyen desde pequeños departamentos y terrenos hasta amplias residencias, locales comerciales, vehículos de alta gama y hasta negocios en funcionamiento, algunas de ellas confiscadas a poderosas organizaciones criminales que han operado en diferentes regiones de México. Uno de esos inmuebles, ubicado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco —una zona de alta plusvalía en la zona metropolitana de Guadalajara—, fue entregado como premio en un sorteo especial convocado por la Lotería Nacional, de acuerdo con información difundida por medios nacionales como El Universal, La Jornada y Milenio, que confirmaron los detalles del proceso administrativo y los hechos posteriores al sorteo.
EL SORTEO
El 15 de septiembre de 2024, en el marco del Sorteo Especial 291 de la Lotería Nacional —que contó con la participación de más de 45 mil ciudadanos de todo el país que compraron boletos a un costo de 250 pesos cada uno—, Esperanza —nombre ficticio utilizado por las autoridades para proteger la identidad de la ganadora y su familia, dada la gravedad de las amenazas recibidas— resultó ganadora de la vivienda incautada al crimen organizado. El sorteo formó parte de la política federal de rifar bienes asegurados a través del INDEP, una iniciativa que busca no solo devolver a la sociedad los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, sino también generar recursos económicos para financiar programas sociales de salud, educación y vivienda, así como demostrar que el delito no tiene recompensas.
HASTA LA PROCURADURÍA
La propia ganadora relató en una entrevista confidencial con representantes del INDEP y la Procuraduría General de la República (PGR) el momento en que se enteró del resultado, llena de emoción y esperanza por la oportunidad de cambiar el rumbo de su familia:
“Estábamos incrédulos cuando nos llamaron para decirnos que habíamos ganado. Nunca habíamos tenido una propiedad propia en nuestras vidas; siempre vivimos en renta, en departamentos pequeños y en malas condiciones, con muchas dificultades económicas porque mi esposo trabaja como obrero en la construcción y yo como empleada doméstica. Vamos a tener por lo menos un lugar nuestro, aunque no está en la zona donde nosotros radicamos —en el municipio de Zapopan, donde tenemos a toda nuestra familia y amigos—, pero estábamos dispuestos a mudarnos, adaptarnos y empezar a construir un hogar tranquilo”.
TRES MILLONES
El inmueble, valuado en 3 millones 481 mil 200 pesos según un informe de tasación realizado por peritos judiciales autorizados por la PGR, se encuentra en la exclusiva Privada Huerta de Peña, en la zona sur de Tlaquepaque —una colonia cerrada con vigilancia privada las 24 horas y servicios básicos de alta calidad—. La propiedad cuenta con cuatro recámaras (cada una con baño completo y vestidor), una sala de estar con vista al jardín, un comedor amplio con capacidad para diez personas, una cocina equipada con muebles de granito y electrodomésticos de marca reconocida, un pequeño jardín con área de descanso y una alberca pequeña, un espacio de lavandería y un garaje cerrado para dos vehículos. El bien había sido confiscado tras un proceso judicial de extinción de dominio iniciado en marzo de 2014, luego de que las autoridades demostraran mediante pruebas contables, testimoniales y periciales que su adquisición se había financiado con recursos provenientes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la extorsión, vinculadas directamente a la actividad de una organización criminal.
EL DELTA
La vivienda había pertenecido a José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias “El Delta”, un hombre de 45 años originario de Gómez Palacio, Durango, detenido el 12 de noviembre de 2013 por elementos de la Policía Federal en una operación realizada en una casa de la colonia Providencia de Guadalajara. La detención se llevó a cabo gracias a información proporcionada por la inteligencia criminal, que había rastreado sus movimientos durante meses por su vinculación con operaciones de tráfico de drogas en el occidente del país. Zúñiga Ovalle era identificado como uno de los líderes más importantes del Cártel de la Laguna, una facción de los Beltrán Leyva que se separó del grupo principal en 2010 y que operaba principalmente en los estados de Durango y Coahuila, aunque también tenía presencia en Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Según las investigaciones de la PGR, “El Delta” se encargaba de coordinar el traslado de cargamentos de marihuana y cocaína desde las zonas de cultivo y recepción hasta los puntos de cruce con Estados Unidos, así como de administrar los activos financieros de la organización, incluyendo la compra de propiedades, vehículos y la inversión en negocios legales para blanquear dinero obtenido de manera ilícita.
LA DÉCADA
Tras su detención, las autoridades federales iniciaron un proceso judicial que duró casi una década —con múltiples audiencias, recursos legales interpuestos por sus defensores y períodos de investigación complementaria— y que culminó en junio de 2023 con la extinción de dominio de varios de sus bienes. Entre ellos se encuentran tres casas en diferentes ciudades del país, cinco vehículos de alta gama, cuentas bancarias con un saldo total de más de 2 millones de pesos y varios terrenos en Durango y Coahuila, incluyendo la casa posteriormente sorteada en Tlaquepaque. Años después, una vez resueltos todos los recursos legales interpuestos por familiares de Zúñiga Ovalle (entre ellos su esposa y sus dos hermanos) para impugnar la confiscación y reclamar la propiedad de los bienes, el inmueble fue transferido oficialmente al INDEP en enero de 2024 y destinado al sorteo público, como parte de la estrategia institucional para darle un uso social a los bienes decomisados y devolver al pueblo lo que fue robado mediante actividades ilícitas.
ABOGADOS
Hoy en día, después de semanas de angustia, reuniones con abogados especializados en derecho administrativo y encuentros con autoridades del INDEP y la Lotería Nacional, la familia ha tomado una decisión definitiva: ya no quieren la casa ni nada que ver con los narcos, ni con el inmueble que alguna vez soñaron como su hogar. El miedo y la incertidumbre generados por las amenazas han sido mayores que cualquier beneficio que pudiera representar la propiedad. Por ello, lo único que buscan es cobrar el premio en efectivo, tal y como está previsto en las reglas de operación del sorteo y en los lineamientos establecidos por el INDEP. Estas normas establecen que, en caso de que un bien sorteado no pueda ser entregado por motivos que están fuera del control del ganador —como amenazas a su integridad, daños irreparables a la propiedad o problemas legales no previstos—, la dependencia debe ofrecer la opción de recibir el valor económico total del bien en lugar del inmueble, para que la familia pueda buscar un hogar seguro y construir su futuro sin miedos ni preocupaciones.
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