La regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciada por el gobierno de España pertenece a esa rara categoría de actos de gobierno que, más que corregir el rumbo, aceptan que el rumbo ya cambió hace tiempo. Lo dijo la ministra Elma Saiz sin rodeos: “Hoy es un día histórico”. Y lo es, no porque España haya descubierto la migración —que la conoce desde hace siglos— sino porque decide mirarla de frente, sin hipocresías ni eufemismos.
La migración no es una anomalía del sistema: es uno de sus motores. España lo sabe mejor que muchos. Fue país de expulsión durante décadas, de maletas de cartón, de trenes nocturnos hacia Francia, Alemania o Suiza. Fue también tierra de acogida cuando el ciclo económico se invirtió. Hoy vuelve a estar en ese punto incómodo donde la economía necesita manos, los barrios tienen nombres nuevos y los discursos políticos se tensan entre el miedo y la demagogia. En ese contexto, regularizar no es una concesión ideológica: es una decisión pragmática y, sobre todo, humana.
La ministra habló de “dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”. La frase, aparentemente simple, encierra una verdad incómoda: las personas migrantes ya están ahí. Trabajan, cuidan, construyen, limpian, cosechan, atienden. Sostienen sectores enteros de la economía mientras permanecen atrapadas en un limbo administrativo que las vuelve invisibles para el derecho y demasiado visibles para el abuso. Regularizar es, en esencia, aceptar que la ilegalidad no está en la persona sino en el sistema que la condena a vivir fuera de la norma.
Durante años, Europa ha preferido políticas de contención, muros físicos y legales, externalización de fronteras y discursos de seguridad que confunden migración con amenaza. España, con esta medida, envía una señal distinta: la integración es más eficaz que la persecución; el reconocimiento, más productivo que la exclusión. No se trata de abrir fronteras sin reglas, como gritan los profetas del apocalipsis identitario, sino de ordenar lo que ya existe, de poner nombre, derechos y obligaciones a quienes ya forman parte del tejido social.
El decreto promete un procedimiento sencillo, destinado a romper barreras burocráticas del pasado. Esa aclaración no es menor. La burocracia ha sido, históricamente, una forma elegante de violencia. Papeles imposibles, plazos absurdos, requisitos que se contradicen, citas que nunca llegan. Todo eso no es neutral: expulsa, desespera, empuja a la economía sumergida y al miedo cotidiano. Simplificar no es regalar nada; es hacer que la ley cumpla su función sin convertirse en castigo.
Reconocer, dignificar, garantizar derechos y oportunidades. Las palabras importan porque revelan una intención política. Reconocer implica admitir que esas personas existen y cuentan. Dignificar supone romper con la narrativa del sospechoso permanente. Garantizar derechos no es un gesto de caridad, es una obligación del Estado de derecho. Y ofrecer oportunidades es, quizá, la apuesta más inteligente: una persona regularizada aporta más, contribuye más, se integra mejor y deja de ser rehén del chantaje laboral.
Los detractores no tardarán en aparecer. Dirán que se “premia la ilegalidad”, que se “llama a más migrantes”, que se “pone en riesgo la identidad nacional”. Son los mismos argumentos reciclados una y otra vez, en España y fuera de ella. Pero la evidencia empírica es terca: las regularizaciones no generan avalanchas, sí reducen la explotación; no rompen la cohesión social, la fortalecen. El verdadero riesgo para la convivencia no es el migrante, sino la desigualdad institucionalizada.
Este decreto también interpela a Europa. Mientras algunos gobiernos endurecen leyes y coquetean con la ultraderecha, España decide avanzar en sentido contrario. No por ingenuidad, sino por realismo. El envejecimiento demográfico, la falta de mano de obra en sectores clave y la necesidad de sostener el sistema de bienestar obligan a pensar en soluciones estructurales. La migración, bien gestionada, no es un problema: es parte de la respuesta.
No se puede ignorar, además, la dimensión ética. Regularizar es decir que ninguna persona debería vivir con miedo permanente a una redada, a un despido sin paga, a una denuncia que la borre del mapa. Es afirmar que los derechos humanos no caducan en la frontera. En tiempos donde el discurso del odio gana micrófonos y votos, una política pública que apuesta por la inclusión es, en sí misma, un acto de valentía.
Por supuesto, la regularización no es una varita mágica. Requerirá implementación cuidadosa, recursos administrativos, coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Habrá errores, retrasos, tensiones. Pero el rumbo es claro y el mensaje también: la España del siglo XXI no puede construirse sobre la negación de quienes ya la habitan.
Al final, la pregunta no es si España puede permitirse regularizar, sino si puede permitirse no hacerlo. Mantener a cientos de miles de personas en la sombra tiene costos sociales, económicos y morales demasiado altos. Sacarlas a la luz no es solo justo, es sensato.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra. Lo será de verdad si este decreto se convierte en una política de Estado que entienda la migración no como excepción sino como constante. Porque las sociedades que avanzan no son las que levantan muros más altos, sino las que aprenden a convivir con su diversidad. Y porque, nos guste o no, la realidad siempre termina imponiéndose. España, esta vez, ha decidido adelantarse y regularizarla.
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