Hay un momento decisivo en toda democracia: aquel en el que la violencia deja de ser una anomalía y comienza a asumirse como parte del paisaje. No sucede de golpe. No llega con un golpe de Estado ni con tanques en las calles. Llega, casi siempre, envuelta en discursos de orden, seguridad y patriotismo. Llega cuando el abuso se justifica, cuando la brutalidad se explica, cuando la víctima se convierte en sospechoso y el victimario en héroe. Estados Unidos, hoy, parece haber cruzado ese umbral.
No se trata de episodios aislados ni de “errores operativos”. Lo que estamos presenciando es un proceso más profundo y más peligroso: la normalización del terror de Estado como herramienta política. Un modelo en el que el miedo no es un efecto colateral, sino un objetivo. Un mensaje dirigido a la población entera: el poder puede alcanzarte en cualquier momento, sin explicación, sin consecuencias y sin rendición de cuentas.
El asesinato de Alex Pretti es un punto de inflexión. No por su excepcionalidad, sino por su claridad. Un hombre sometido, reducido, desarmado, acribillado por la espalda. No hubo amenaza inminente. No hubo resistencia real. Hubo ejecución. Y, sobre todo, hubo algo aún más grave que los disparos: la respuesta institucional posterior. Impunidad abierta. Criminalización de la víctima. Y el gesto más obsceno de todos: funcionarios y voceros oficiales calificando como “patriotas” a quienes dispararon.
Cuando un Estado no sólo tolera la violencia ilegal de sus agentes, sino que la legitima simbólicamente, deja de ser un garante de derechos para convertirse en un aparato de intimidación. La barbarie ya no se esconde; se reivindica.
Ese mismo patrón se repite, con variaciones igualmente perturbadoras, en otros casos que han sacudido a la opinión pública. El de Liam Conejo Ramos, un niño detenido de forma arbitraria y violenta, es quizá el más revelador. No hay interpretación posible que lo suavice. Un menor, aterrorizado, separado de sus seres queridos, tratado como amenaza. Las imágenes no necesitan adjetivos. Son el retrato de un poder que ha perdido toda noción de límite. Un mensaje brutal: nadie es demasiado pequeño para ser usado como ejemplo.
La historia de Aliya Rahman completa el cuadro. Mujer, ciudadana, con discapacidad. Arrastrada fuera de su vehículo, golpeada, vejada por agentes federales mientras se dirigía a una cita médica. Su condición fue ignorada. Su dignidad, pisoteada. Su humanidad, negada. Y, como en tantos otros casos, las preguntas siguen flotando en el aire: ¿dónde está ella hoy?, ¿quién responde?, ¿quién rinde cuentas? El silencio oficial es ensordecedor. Y profundamente revelador.
No es casual que Minnesota se haya convertido en epicentro de una indignación que ya no puede calificarse de marginal. Alcaldes que llaman abiertamente a defender a su gente. Gobernadores que activan a la Guardia Nacional no para reprimir protestas, sino para proteger a la población de las propias fuerzas federales. Es una escena impensable hace apenas unos años. Hoy, es parte de la rutina. Y no es un fenómeno aislado. El clima de miedo se expande, estado por estado, comunidad por comunidad.
Frente a esto, la respuesta del poder federal ha sido tan predecible como inquietante. Negación sistemática. Cinismo discursivo. Burla incluso. El vicepresidente Vance, el secretario del rebautizado —y reveladoramente nombrado— “Departamento de Guerra”, y la responsable de seguridad repiten el mantra vacío: “lo hacemos para protegerlos, my fellow Americans”. ¿Protegerlos de quién? ¿De niños? ¿De mujeres discapacitadas? ¿De ciudadanos indefensos?
No hace falta recurrir a diagnósticos clínicos para advertir el deterioro del liderazgo. Basta observar la conducta. La pérdida de inhibición. Los estallidos de ira cada vez más frecuentes. El desprecio abierto por la empatía. La incapacidad para reconocer límites. Y, sobre todo, la tendencia creciente a responder con violencia —verbal, política y operativa— a cualquier forma de disenso. Analistas y líderes de opinión ya no se preguntan si esto es estrategia, sino hasta qué punto el descontrol personal del presidente se ha convertido en un riesgo objetivo para su propio país y para el mundo.
Incluso si se aceptara la hipótesis más indulgente —que no se trata de algo más grave, sino de un narcisismo exacerbado— la pregunta sigue siendo devastadora: ¿cómo puede una democracia permitir que alguien con este nivel de impulsividad concentre poder armado, agencias federales y capacidad de daño masivo sin contrapesos efectivos?
Mientras tanto, la maquinaria de distracción funciona a toda marcha. Groenlandia tapa al ICE. El ICE tapa los asesinatos. Los aranceles tapan el caos interno. En capas más profundas quedan ocultas otras complicidades: la tolerancia a crímenes de lesa humanidad en Venezuela cuando hay rentabilidad política; la retórica estridente frente a Irán combinada con una pasividad que no evita ni la represión ni el sufrimiento humano. El patrón es claro: se actúa sólo cuando hay beneficio. Todo lo demás es prescindible. Incluso la vida.
Habrá quien diga que exageramos. Es el argumento clásico que siempre precede a los abismos. Los regímenes no se vuelven salvajes de un día para otro. Se vuelven salvajes cuando el poder prueba la violencia y descubre que nadie lo detiene. Cuando comprueba que puede ir un paso más allá sin pagar costo alguno.
Hoy la pregunta ya no es qué le pasa al presidente. La pregunta es qué les pasa a quienes lo rodean y lo permiten. A los liderazgos republicanos que callan por cálculo electoral. A los demócratas que reaccionan tarde y con tibieza. A los jueces que miran hacia otro lado. A los mandos civiles y militares que obedecen sin límite. A los líderes internacionales que prefieren no incomodar.
Porque cuando un gobierno llama patriotas a los asesinos, convierte niños en enemigos y arrastra mujeres indefensas en nombre de la seguridad, ya no gobierna: aterroriza.
Y la historia —siempre implacable— no absuelve a quienes, viéndolo venir, decidieron no hacer nada.
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