Hay ocurrencias que parecen chascarrillos de sobremesa y, sin embargo, esconden pulsiones profundas. La insistencia de Donald Trump en “comprar” o apropiarse de Groenlandia no es una excentricidad aislada, sino la expresión descarnada de una visión del mundo donde el poder se mide en hectáreas, minerales y control de rutas, y donde la diplomacia se reduce a una transacción inmobiliaria. Que Europa haya respondido con un rechazo firme no sólo es lógico: es imprescindible.
Groenlandia no es un solar en remate ni una ficha intercambiable en el tablero de los grandes. Es un territorio con historia, población, derechos y una compleja relación política con Dinamarca. Pero, sobre todo, es una pieza estratégica en el Ártico, una región que se derrite al ritmo del calentamiento global y, con ello, abre nuevas rutas marítimas, expone yacimientos minerales y energéticos, y reconfigura la seguridad global. Trump lo sabe. Y como buen mercader del poder duro, pretende adelantarse a los demás a golpe de cheque o de amenaza velada.
La propuesta —o amenaza— tiene el sello de fábrica del trumpismo: simplificar lo complejo, despreciar las normas, tensar la cuerda para ver hasta dónde cede el mundo. En su lógica, Estados Unidos “necesita” Groenlandia por seguridad nacional; ergo, debe tenerla. El cómo es irrelevante. La legalidad, un estorbo. La voluntad de los groenlandeses, un detalle menor. Así se concibe el poder cuando se gobierna con el ego por delante del Estado.
Europa, por una vez, ha entendido que no se trata de un desplante retórico, sino de un precedente peligroso. La respuesta de rechazo ha sido clara: Groenlandia no está en venta, su estatus no se negocia por capricho y la soberanía no se subasta. No es sólo Dinamarca defendiendo un territorio autónomo; es la Unión Europea marcando una línea roja frente a la idea de que las grandes potencias pueden apropiarse de espacios ajenos bajo el argumento de la seguridad o el interés estratégico.
Porque si hoy se tolera la pretensión sobre Groenlandia, mañana se normaliza cualquier anexión “blanda”. La historia europea conoce bien ese camino: empieza con reclamos estratégicos, sigue con presiones económicas y termina con hechos consumados. No es paranoia; es memoria histórica. Y Europa, curtida en guerras por fronteras y territorios, sabe que ceder en el principio es perder al final.
Trump apela a la geopolítica del Ártico, y no se equivoca en señalar su importancia. El deshielo abre corredores marítimos que reducen tiempos y costos, y revela recursos codiciados por potencias como Rusia y China. Estados Unidos tiene intereses legítimos en la región, pero la legitimidad se ejerce con alianzas, acuerdos multilaterales y respeto a las normas internacionales, no con ofertas de compra dignas del siglo XIX. El problema no es el interés; es el método.
El rechazo europeo, además, tiene un componente de dignidad política. Durante años, Washington ha exigido lealtad automática a sus aliados, incluso cuando sus decisiones eran erráticas. Esta vez, Bruselas y las capitales europeas han dicho basta. No se trata de antiamericanismo, sino de afirmar que la alianza transatlántica no es una relación de vasallaje. La cooperación no implica sumisión, y la amistad no autoriza el abuso.
Hay también un mensaje hacia adentro de Europa. Defender Groenlandia es defender la idea de que el derecho internacional sigue vigente, incluso cuando lo desafía la potencia militar más grande del planeta. Es recordar que los pueblos no son mercancía y que los territorios no cambian de manos por decreto presidencial extranjero. En tiempos de nacionalismos exacerbados, esa postura no es menor.
Trump, fiel a su estilo, ha reaccionado con desdén y victimismo. Presenta el rechazo como ingratitud, como falta de visión estratégica, como obstinación burocrática. Pero el problema no es que Europa no entienda la importancia de Groenlandia; es que entiende demasiado bien las consecuencias de abrir esa puerta. Y sabe que, una vez abierta, no hay vuelta atrás.
Este episodio revela, además, el choque entre dos concepciones del orden mundial. Por un lado, la visión transaccional, unilateral y personalista de Trump, donde el poder se ejerce sin contrapesos y la política exterior se decide como si fuera un negocio privado. Por otro, la visión —imperfecta, sí, pero necesaria— del multilateralismo, el derecho y la cooperación. Groenlandia se convierte así en símbolo de una disputa mayor: la del mundo que se quiere imponer frente al mundo que se intenta preservar.
No es casual que la reacción europea haya sido acompañada de advertencias sobre consecuencias diplomáticas si se insiste en cruzar esa línea. No son amenazas vacías; son recordatorios de que incluso Estados Unidos necesita aliados. En un escenario global cada vez más fragmentado, romper puentes por capricho estratégico es un lujo que ni siquiera Washington puede darse sin pagar costos.
Al final, la pregunta no es si Groenlandia es estratégica —lo es—, sino si el mundo aceptará que la fuerza y el dinero sustituyan a la ley. La respuesta europea sugiere que no. Que aún hay límites. Que todavía existen principios que no se venden ni se compran. Y que, frente a la tentación imperial, la firmeza es la única vacuna.
Trump puede seguir agitando la idea, usarla como bandera electoral o como distracción mediática. Pero la realidad es tozuda: Groenlandia no está en venta, Europa no está dispuesta a mirar hacia otro lado, y el siglo XXI no admite ya, al menos sin resistencia, la lógica del botín territorial. En ese choque, lo que está en juego no es una isla helada, sino el sentido mismo del orden internacional. Y esa es una batalla que no se puede perder por frivolidad ni por silencio.
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