La autoridad estatal explicó que las tarifas constituyen una contraprestación por un servicio público regulado por el Estado, por lo que están expresamente excluidas de los temas susceptibles de referéndum
El Gobierno de Jalisco fijó su postura respecto al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado para solicitar un referéndum sobre la tarifa del transporte público, al considerar que dicho mecanismo es jurídicamente improcedente.
A través de un comunicado oficial, la Secretaría General de Gobierno señaló que el artículo 42 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular establece que el referéndum no puede aplicarse a disposiciones de carácter contributivo, categoría en la que se ubican las tarifas del transporte público.
La autoridad estatal explicó que las tarifas constituyen una contraprestación por un servicio público regulado por el Estado, por lo que están expresamente excluidas de los temas susceptibles de referéndum.
Además, precisó que el ajuste a la tarifa no deriva de un decreto o reglamento, sino de un acuerdo administrativo emitido por el titular del Poder Ejecutivo y publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 27 de diciembre de 2025, lo cual, conforme a la legislación vigente, tampoco puede someterse a consulta popular a solicitud del Poder Legislativo.
Asimismo, el Gobierno de Jalisco advirtió que el acuerdo legislativo fue canalizado de manera incorrecta, ya que la solicitud debió presentarse ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y no ante el Consejo de Participación Ciudadana y Popular.
Pese a ello, reiteró su compromiso con la legalidad, la participación ciudadana y el diálogo institucional, siempre dentro del marco jurídico que rige la vida pública del estado.
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