La política migratoria de Estados Unidos ha vuelto a convertirse en un campo minado donde la lógica, la diplomacia y hasta la coherencia ideológica parecen quedar atrapadas en el mismo embudo. La más reciente ofensiva del presidente Donald Trump contra las visas de inmigrante —dirigida ahora a ciudadanos de una lista ampliada de 75 países— confirma una tendencia que ya no sorprende, pero sí preocupa: el endurecimiento sistemático de las puertas de entrada al país que durante décadas se proclamó como tierra de oportunidades. Lo verdaderamente llamativo es que esta represión migratoria no distingue entre amigos y adversarios, ni entre aliados históricos y gobiernos incómodos. En esta nueva lista negra han quedado atrapados por igual países gobernados por la izquierda latinoamericana y naciones con relaciones cercanas a Washington, como Uruguay, un socio tradicional y confiable de Estados Unidos.
El mensaje es claro y, al mismo tiempo, brutalmente simplista: no importa tu afinidad política con la Casa Blanca, ni tu historial democrático, ni tu grado de cooperación internacional; lo único que parece pesar es la sospecha de que tus ciudadanos podrían convertirse en una “carga” para el sistema estadounidense. Bajo ese criterio, millones de personas quedan reducidas a una estadística presupuestal, a un riesgo potencial, a un problema por anticipado. Se criminaliza la pobreza antes de que cruce la frontera y se castiga la nacionalidad como si fuera un antecedente penal.
Donald Trump ha vuelto a utilizar un argumento que ya le rindió frutos políticos en el pasado: la idea de que Estados Unidos está siendo explotado por extranjeros que llegan a consumir servicios públicos, saturar programas sociales y competir deslealmente por empleos. Es un discurso eficaz en términos electorales, pero profundamente cuestionable desde el punto de vista económico, social y humano. Numerosos estudios —que convenientemente son ignorados— han demostrado que los inmigrantes, incluso aquellos en situación irregular, aportan más a la economía de lo que reciben. Pagan impuestos, sostienen sectores completos de la producción y realizan trabajos que muchos estadounidenses ya no quieren hacer. Pero en la narrativa trumpista, esos datos sobran; lo que importa es alimentar el miedo.
La inclusión de países latinoamericanos gobernados por la izquierda en esta lista negra parece, en un primer vistazo, un movimiento ideológico. Sin embargo, el caso de Uruguay desmonta esa lectura simplona. Uruguay no es un Estado fallido, no es un exportador masivo de migrantes desesperados, ni mucho menos un enemigo de Washington. Es una democracia sólida, con instituciones fuertes, estabilidad económica y una larga tradición de cooperación internacional. Que sus ciudadanos sean ahora considerados sospechosos por default revela que la política migratoria de Trump no responde tanto a un análisis geopolítico fino, sino a una visión generalizada de desconfianza hacia el sur del continente.
América Latina, en su conjunto, vuelve a ser tratada como un bloque homogéneo, sin matices, sin diferencias internas, sin historias particulares. Poco importa si se trata de países con economías relativamente estables o de naciones golpeadas por crisis profundas; todos caben en el mismo saco cuando se trata de restringir visas. El resultado es una política que castiga por igual a estudiantes, profesionistas, emprendedores y familias que buscan una oportunidad legítima para migrar de manera ordenada y legal.
La paradoja es evidente: mientras Estados Unidos endurece sus filtros migratorios bajo el argumento de proteger su economía y su sistema social, muchas de las causas que empujan a la migración siguen teniendo vínculos directos con decisiones tomadas en Washington. Intervenciones políticas, tratados comerciales desiguales, apoyo histórico a regímenes autoritarios y una guerra contra las drogas que ha desangrado a la región forman parte del contexto que rara vez se menciona cuando se habla de “oleadas migratorias”. Se cierran las puertas, pero se elude la responsabilidad compartida.
Trump insiste en que estas restricciones buscan evitar el ingreso de personas provenientes de países “más propensos” a depender de los servicios gubernamentales. La pregunta obligada es: ¿quién define esa propensión y con base en qué criterios? La vaguedad del concepto permite una discrecionalidad peligrosa, donde la nacionalidad se convierte en un predictor automático de comportamiento individual. Es una lógica que recuerda a otras épocas, no tan lejanas, en las que el origen étnico o geográfico determinaba derechos y oportunidades.
Para los gobiernos latinoamericanos, incluso para aquellos que mantienen una relación cordial con Estados Unidos, el mensaje resulta incómodo. La diplomacia queda relegada frente a una política interna estadounidense cada vez más polarizada, donde la migración funciona como chivo expiatorio. La izquierda latinoamericana, por su parte, encuentra en estas medidas un argumento perfecto para denunciar el doble discurso estadounidense sobre derechos humanos y libertades. Pero incluso los gobiernos moderados y aliados quedan en una posición difícil: defender a sus ciudadanos sin romper puentes con la potencia del norte.
Más allá del cálculo político, hay un impacto humano que no puede soslayarse. Familias separadas, proyectos truncados, jóvenes que ven cerradas opciones académicas y laborales, empresas que pierden talento. La represión de las visas no es una abstracción burocrática; tiene rostros, historias y consecuencias reales. Y, a largo plazo, también tiene costos para Estados Unidos, que se arriesga a perder capital humano valioso y a deteriorar su imagen global como país abierto e inclusivo.
La política migratoria de Trump, una vez más, parece pensada para el aplauso inmediato de su base electoral, no para la construcción de soluciones sostenibles. Al meter en el mismo costal a amigos y enemigos, aliados y adversarios, Estados Unidos manda una señal de aislamiento que contrasta con su histórica vocación de liderazgo hemisférico. América Latina observa, toma nota y, poco a poco, ajusta sus propias alianzas.
Cerrar la puerta puede ser popular en el corto plazo. Pero la historia ha demostrado que las naciones que se encierran en el miedo terminan pagando un precio alto. La migración no se resuelve con listas negras ni con sospechas generalizadas, sino con cooperación, desarrollo compartido y una visión menos miope del futuro. Mientras eso no ocurra, la represión de las visas seguirá atrapando a todos por igual, sin distinción, en una política que castiga más de lo que protege.
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