El mundo quiso creer que Venezuela había entrado en una nueva etapa. Que la caída de Nicolás Maduro marcaba el inicio de un proceso de corrección histórica, de justicia tardía y de recomposición democrática. Bastaron imágenes, comunicados diplomáticos y discursos cuidadosamente dosificados para instalar la idea de un país en transición. Pero en Venezuela, como tantas veces antes, el relato volvió a imponerse a la realidad. Lo que se produjo no fue un quiebre del sistema, sino una mutación controlada del poder; no una liberación, sino una reorganización autoritaria diseñada para sobrevivir.
Nada de lo que hoy ocurre en el país es producto del azar ni de la improvisación. El desconcierto es parte del método. La sucesión de señales contradictorias —liberaciones parciales, declaraciones ambiguas, gestos hacia el exterior, silencios internos— responde a una lógica precisa: administrar expectativas mientras se conserva el control. Venezuela no está transitando hacia la democracia; está gestionando una narrativa de cambio sin alterar la estructura que la mantiene sometida.
El error fundamental, dentro y fuera del país, ha sido asumir que la salida de Maduro equivalía al colapso del régimen. No fue así. Maduro cayó como figura desgastada, no como sistema. Su salida del tablero político fue útil para oxigenar al chavismo, no para desmantelarlo. El poder no se dispersó; se concentró. Y hoy tiene dos ejes claros: Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.
Delcy Rodríguez se convirtió en la jefa real del Ejecutivo. No desde un cargo electo ni desde un mandato popular, sino desde el control absoluto de las decisiones clave: nombramientos, equilibrios internos, disciplina política y manejo de crisis. Su función no es democratizar el país, sino estabilizarlo bajo un nuevo formato de autoritarismo más eficiente, menos estridente y mejor presentable ante la comunidad internacional.
Jorge Rodríguez, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, cumple un papel igual de estratégico. Más que legislador, opera como articulador del nuevo equilibrio: controla la agenda política, administra los tiempos del discurso institucional y funge como interlocutor privilegiado con Washington. No gobierna formalmente, pero influye decisivamente en la relación con el exterior. Su presencia no representa pluralidad; representa control negociado.
La depuración interna fue inmediata. Figuras emblemáticas del madurismo duro fueron desplazadas sin escándalo: Tareck El Aissami, Jorge Arreaza, Néstor Reverol. No cayeron por convicción ética ni por rendición de cuentas, sino porque dejaron de ser funcionales. El régimen no se reformó: se optimizó. Redujo lastres, cerró filas y fortaleció un núcleo compacto de poder político, económico y militar.
En ese rediseño emergió un grupo de empresarios ligados a importaciones estatales, alimentos, energía y logística estratégica, alineados con la nueva cúpula. Nombres como Yussef Abou Nassif, Nabil Abou y Majed Khalil Majzoub aparecen vinculados a esta etapa de reconfiguración económica, mientras operadores de seguridad y comunicación ocupan posiciones clave. El general Gustavo González López, cercano a la actual presidenta, es ejemplo de cómo el control coercitivo sigue siendo pilar del sistema.
El mensaje interno fue claro: menos ideología, más eficiencia; menos discurso revolucionario, más administración del poder.
Las liberaciones de algunos presos políticos forman parte de ese mismo libreto. Anuncios oficiales incluyeron nombres como Juan Pablo Guanipa y Aracelis del Carmen Balza Ramírez, presentados como gestos de apertura. Pero la realidad es más cruda: varias liberaciones no se concretaron, cientos de presos continúan encarcelados y la justicia sigue siendo selectiva. Leopoldo López permanece en el exilio; María Corina Machado y Edmundo González viven bajo hostigamiento constante. No hay justicia; hay cálculo político.
La represión no desapareció. Cambió de forma. Hoy se ejerce con menos cámaras, menos comunicados y más discreción. Retenes, interrogatorios selectivos, detenciones de manifestantes y persecución de ciudadanos críticos siguen siendo parte de la cotidianidad. El miedo continúa como política de Estado, solo que ahora se administra con mayor sutileza.
Más inquietante aún son los reportes sobre movimientos de armamento fuera de instalaciones militares, el resguardo clandestino de arsenales y el fortalecimiento de estructuras paramilitares. Un poder que se arma no es un poder que se prepara para entregar el control. Es un poder que se blinda.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanece intacta como garante del orden impuesto. No se fracturó ni se alineó con un proyecto democrático. Responde al equilibrio que le garantiza privilegios, impunidad y cuotas de poder. No apuesta por elecciones libres, sino por continuidad administrada. Su lealtad no es a la Constitución, sino al sistema que la sostiene.
En los gobiernos locales, el panorama es idéntico. Gobernadores y alcaldes operan bajo supervisión directa del centro. No existe autonomía real ni margen para construir alternativas democráticas desde lo territorial. El control político sigue siendo absoluto.
En el plano internacional, el espejismo también es evidente. Estados Unidos no apostó por reconstruir la democracia venezolana, sino por una estabilidad funcional que garantice previsibilidad y control de recursos estratégicos, particularmente el petróleo. Donald Trump fue explícito: Washington decidirá qué empresas pueden operar en Venezuela. La soberanía popular nunca estuvo en la ecuación.
Los movimientos recientes de la embajada estadounidense en Caracas, la devolución de activos, los mensajes sobre “no necesitar más ataques” y la posibilidad de alivios parciales al bloqueo confirman un acuerdo de fondo. No hay interés real en sanear el sistema electoral ni en reconstruir instituciones. El objetivo es orden, energía y contención regional.
¿Y el pueblo venezolano? Sigue exactamente donde estaba. Empobrecido, censurado, sin garantías, sin justicia y sin voz. Cambió el discurso, no la vida cotidiana. Cambió el símbolo, no la bota.
No hay fechas confiables para elecciones, ni cronogramas creíbles, ni condiciones mínimas. La interpretación constitucional que sostiene Delcy Rodríguez permite prolongar indefinidamente un poder que ya no puede llamarse interino. Todo indica que el cálculo es resistir, consolidar y negociar reconocimiento externo sin arriesgar el control interno.
El balance es incómodo, pero necesario:
Maduro cayó como figura.
El chavismo sobrevivió como sistema.
El poder se concentró en menos manos.
Los recursos quedaron bajo tutela externa.
La represión continúa, ahora silenciosa.
Y el pueblo volvió a quedar fuera del acuerdo.
Venezuela no vive una transición democrática. Vive un espejismo cuidadosamente diseñado para encubrir la continuidad de un autoritarismo que se reconfigura mientras el mundo negocia. Cambiaron los rostros visibles, no la lógica del poder. Y mientras se administran gestos y se venden relatos, millones de venezolanos siguen atrapados en la misma realidad: sin libertad, sin justicia y sin futuro inmediato.
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