Marco Rubio rompió el guion. No habló como político en campaña ni como senador buscando titulares. Habló como quien describe una operación ya en marcha. Con frases medidas y sin rodeos, dijo lo que durante años fue negado, matizado o disfrazado de diplomacia: Venezuela ya no es sólo una crisis humanitaria ni un régimen autoritario atrincherado, sino el escenario de un proceso internacional perfectamente estructurado, con fases, objetivos y control externo. Dicho de otro modo: el destino venezolano dejó de ser una incógnita y pasó a ser un expediente.
El anuncio sacudió porque despejó la neblina. Durante mucho tiempo se insistió en que la tragedia venezolana era un problema interno, consecuencia exclusiva de la corrupción, la incompetencia y el autoritarismo del chavismo. Y lo fue. Pero ahora queda claro que ese colapso terminó por convertirse en la condición ideal para una intervención estratégica que ya no se oculta. Rubio no improvisó: leyó el libreto de una nueva etapa geopolítica en la región.
La primera fase es presentada con una palabra amable: estabilización. En la práctica, significa retirar de manos del régimen y de sus redes criminales el corazón económico del país. Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano serán extraídos, vendidos a precio de mercado y administrados bajo control de Estados Unidos. No como castigo, sino como “medida correctiva”. El petróleo, durante décadas símbolo de soberanía y discurso de independencia, se convierte ahora en la llave con la que se certifica la pérdida de esa soberanía.
No se trata sólo de dinero. Se trata de poder. Cuando Washington decide quién vende, quién cobra y quién distribuye los recursos de un país, la discusión deja de ser económica y se vuelve política. El argumento es conocido: impedir que los ingresos sigan alimentando corrupción, narcotráfico y represión. El resultado también: Venezuela queda formalmente despojada del control de su principal activo estratégico. El saqueo cambia de manos, pero no desaparece del todo; se legitima bajo otra bandera.
La segunda fase, llamada recuperación, suena aún mejor en el discurso. Apertura de mercados, reglas claras, supervisión internacional, regreso de inversiones occidentales. La promesa es la normalización. La letra pequeña es la subordinación. Venezuela vuelve al mercado global, sí, pero lo hace como paciente convaleciente, bajo vigilancia permanente y con decisiones estructurales tomadas fuera de sus fronteras.
Estados Unidos y sus aliados no llegan como espectadores solidarios, sino como actores centrales del nuevo orden económico venezolano. La reconstrucción se plantea más como reinserción funcional que como proyecto nacional. No se habla de fortalecer instituciones locales ni de empoderar a la sociedad venezolana, sino de garantizar acceso, estabilidad y rentabilidad a quienes regresen. La economía se reactiva, pero bajo un esquema diseñado para otros intereses.
La tercera fase es la más seductora y, a la vez, la más incierta: la transición política. El final del régimen. El cambio real. La promesa de democracia. Pero aquí surge la pregunta incómoda que pocos formulan: ¿qué tipo de transición nace cuando el control de los recursos, del dinero y de la supervisión ya no está en manos del país que transita? ¿Qué tan libre puede ser un nuevo gobierno si hereda un Estado tutelado?
La transición que se perfila no es producto de una negociación interna ni de un proceso social orgánico, sino de una arquitectura diseñada desde el exterior. No es el pueblo venezolano el que marca los tiempos, sino los centros de poder que ya administran la emergencia. El riesgo es evidente: cambiar un régimen autoritario por una democracia condicionada, dependiente, frágil, obligada a rendir cuentas más allá de sus fronteras antes que a sus ciudadanos.
Rubio insiste en que el petróleo venezolano dejará de estar en manos de criminales para quedar bajo supervisión internacional. El mensaje es potente y mediáticamente eficaz. Pero la realidad es más compleja. El problema no es sólo quién controla el recurso, sino quién decide su destino. Y en este nuevo esquema, el pueblo venezolano sigue siendo espectador de su propia riqueza.
El impacto de esta estrategia va más allá de Caracas. América Latina observa cómo, una vez más, la combinación de colapso institucional, corrupción endémica y autoritarismo abre la puerta a decisiones externas sin retorno. Rusia y China protestan, denuncian “piratería”, pero poco pueden hacer frente a una operación ya avanzada. El mensaje regional es claro: cuando un Estado se convierte en problema, otros toman el control.
Marco Rubio no anunció una posibilidad. Anunció un hecho consumado. Plan, fases, ejecución. Venezuela entra así en una nueva etapa de su historia, no escrita en Miraflores ni en la Asamblea, sino en despachos extranjeros. La pregunta que queda abierta no es si el chavismo terminó —eso ya ocurrió—, sino si lo que viene después será realmente una liberación o simplemente un cambio de administrador.
Porque al final, más allá de los discursos y las promesas, la tragedia venezolana sigue teniendo el mismo protagonista ausente: su propio pueblo, al que se le promete futuro mientras otros deciden el presente.
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