Venezuela no es hoy una democracia deteriorada ni un país atrapado en una crisis coyuntural. Es una dictadura consolidada, funcional y normalizada. El régimen de Nicolás Maduro no cayó porque no fue realmente enfrentado. Sobrevivió porque el orden internacional decidió que era más cómodo convivir con la dictadura que asumir el costo de confrontarla.
El chavismo desmanteló la democracia con precisión quirúrgica. Eliminó la división de poderes, subordinó al Poder Judicial, convirtió al sistema electoral en una escenografía y transformó a las fuerzas armadas en el principal sostén político y económico del régimen. No hubo improvisación ni excesos aislados: hubo un proyecto deliberado de captura total del Estado.
Estados Unidos no fracasó por falta de poder, sino por falta de consistencia. Las sanciones económicas, aplicadas sin una estrategia real de ruptura, no derribaron al régimen. Castigaron a la población y fortalecieron a una élite que aprendió a operar en la ilegalidad, el contrabando y la corrupción transnacional. El poder no se debilitó: se volvió más opaco, más criminal y más resistente.
Las sanciones no tumbaron a la dictadura.
La profesionalizaron.
A ese fracaso se sumó una amplia zona gris que nunca fue explicada del todo. Versiones persistentes sobre contactos previos entre Washington y el régimen, operaciones de inteligencia altamente focalizadas, conocimiento preciso de las debilidades defensivas del círculo de poder y una tolerancia implícita a la continuidad del aparato gobernante, siempre que no derivara en una ruptura desestabilizadora, terminaron por reforzar la percepción de que el objetivo no era democratizar a Venezuela, sino administrarla.
Aislado del mundo democrático, Maduro encontró aliados dispuestos. Rusia, China e Irán no llegaron por afinidad ideológica, sino por conveniencia geopolítica. Venezuela dejó de ser un paria para convertirse en un activo estratégico: petróleo, posición regional y plataforma para desafiar a Estados Unidos en su propio hemisferio.
La prolongación de la guerra en Ucrania terminó por sellar la claudicación. Ante la urgencia energética, Washington optó por negociar con la dictadura venezolana sin exigir elecciones libres verificables, sin condiciones institucionales reales y sin compromisos serios en derechos humanos. Eligió el petróleo y aceptó la permanencia del régimen.
El mensaje fue inequívoco:
la democracia es negociable,
los derechos humanos son secundarios,
la dictadura es tolerable si resulta útil.
Maduro entendió la señal. Redujo la represión visible para evitar costos internacionales, mantuvo intacto el control del poder real y permitió una oposición administrada, diseñada para no poner en riesgo al régimen. No hubo apertura política. Hubo normalización del autoritarismo.
Las consecuencias son regionales. Millones de venezolanos huyeron no de una guerra, sino de un sistema que destruyó toda posibilidad de futuro. Esa migración masiva presiona economías, servicios públicos y seguridad en todo el continente. Al mismo tiempo, el colapso institucional venezolano alimentó redes criminales transnacionales que prosperan en la ausencia de Estado de derecho.
Pero el daño más grave es político. Venezuela demostró que una dictadura moderna no necesita abolir formalmente la democracia. Basta con vaciarla, simularla y cansar al mundo hasta que decida aceptarla como parte del paisaje.
Cuando una dictadura deja de ser inaceptable y pasa a ser conveniente, la derrota ya no es del país sometido, sino del mundo que la tolera.
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