En un fallo trascendental para la política migratoria y el acceso a espacios públicos en la región, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó la invalidez del cobro que se aplicaba a personas extranjeras al ingresar al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Este impuesto, justificado por el gobierno local como un cargo por el uso y aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos —tales como calles, parques, infraestructura básica y áreas turísticas— que las personas extranjeras utilizan durante su estadía en la ciudad, ahora ha sido revocado, generando controversia y debate en la esfera política local.
SE OPUSO ROTUNDAMENTE
Lo que llama la atención de este caso es la postura contraria adoptada por la diputada Yussara Canales González, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y representante del distrito 05.
Canales González se opuso rotundamente al levantamiento del cobro, argumentando posibles impactos negativos en los recursos municipales y en la equidad en el uso de los servicios públicos.
RELEVANTE
Sin embargo, es relevante señalar que el gobierno del municipio de Puerto Vallarta se encuentra a cargo de Luis Ernesto Munguía González —arquitecto por profesión y también militante del PVEM—, quien fue elegido presidente municipal en las elecciones de 2024 después de haber ocupado cargos dirigentes en el partido a nivel estatal, como secretario general del PVEM en Jalisco. Esta paradoja —la oposición de un miembro del partido a una medida que afecta directamente a la administración de su propio partido en la ciudad, encabezada por Munguía González— ha generado debate en los círculos políticos locales, ya que plantea preguntas sobre la coherencia interna del PVEM y la relación entre los representantes electos y las decisiones de las autoridades municipales.
FALLO INAPELABLE
Faltaría ver las consecuencias que traerá esta nueva disposición, pues el fallo de la Suprema Corte es inapelable y ya se contaba con el recurso económico y el destino que tendría destinado para obras de infraestructura. La administración municipal deberá ahora ajustar sus planes y buscar fuentes alternativas de financiamiento para los proyectos previstos.
DE VOCACIÓN TURÍSTICA
Desde febrero, durante la discusión del dictamen, Canales alertó que este cobro era improcedente, injustificado y peligroso para la economía local, además de constituirse como un golpe directo al principal motor económico de la región. Su preocupación radicaba en el impacto que podría tener en la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico.
TAMBIÉN LE DIO UN RASPÓN
La legisladora recuerda que su voto en contra, pese a que la mayoría oficialista (del MC) decidió aprobar el impuesto, respondió a la defensa de los miles de familias vallartenses que dependen de manera directa e indirecta de la actividad turística. Obviamente, el raspón también se lo llevó la administración que encabeza Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador del Estado de Jalisco, aún y con todo el cariño que le pueda tener a Yussara Canales; pero así es la política. Este señalamiento sugiere tensiones y diferencias políticas más amplias entre los distintos actores y partidos en el estado.
EL QUE NO QUIERA VER FANTASMAS
Bien decía el periodista, escritor y columnista del Excelsior, que murió asesinado un 30 de abril de 1984, en una acera de la Ciudad de México, don Manuel Buendía Téllez Girón: “quien no quiera ver fantasmas… que no salga de noche”. Así que no será tal para alguien tan experimentado en estas lides de la política, como Pablo Lemus. Esta cita añade una capa de reflexión sobre la naturaleza de la política y los riesgos inherentes a la toma de decisiones en este ámbito.
A VER QUÉ PASA…
Con esta resolución, Yussara Canales reafirma -dice mediante un comunicado- “su papel como una representante crítica, responsable y comprometida con la defensa de Puerto Vallarta, la legalidad y la economía de las familias trabajadoras”. La diputada busca capitalizar políticamente su postura, presentándose como una defensora de los intereses locales
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