La afirmación de Tamara Taraciuk —directora del Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano— de que el Estado mexicano será condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y obligado a derogar la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, no sólo cimbró los corrillos jurídicos; también abrió un abanico de escenarios que merecen reflexionarse con serenidad, pero también con profundidad. Porque lo que está en juego rebasa coyunturas políticas: es la arquitectura misma del Estado de derecho.
Taraciuk, en su entrevista con la revista Proceso, no titubea. Asegura que la reforma viola con claridad las convenciones internacionales suscritas por México, vulnera la independencia judicial y compromete el acceso a la justicia. Y remata con una frase que, por sus implicaciones, amerita pausa: el Estado mexicano, dice, “recibirá una sentencia condenatoria”.
Conviene preguntarnos, entonces, qué implicaría realmente una sentencia de esa naturaleza, cuáles son sus alcances y cuáles las rutas factibles de respuesta. Esta no es una discusión meramente académica; involucra la fortaleza institucional, la capacidad del país para honrar compromisos internacionales y la confianza —ya frágil— de la ciudadanía en sus instituciones.
I. UNA REFORMA QUE DIVIDIÓ AGUAS
La reforma judicial, desde su anuncio, estuvo rodeada de polémica. En el terreno discursivo se presentó como una transformación profunda, un rediseño para acercar la justicia al pueblo y combatir inercias corporativas. Sus críticos, en cambio, advirtieron que tal diseño abría espacios a la captura política del Poder Judicial, debilitaba contrapesos e introducía elementos que podían comprometer la imparcialidad de jueces y magistrados.
En un país donde la justicia ha sido históricamente lenta y desigual, cualquier intervención al modelo judicial genera expectativas, pero también inquietudes. Y Taraciuk pone el acento justo donde más duele: las reformas constitucionales internas no pueden vulnerar derechos protegidos por tratados internacionales, particularmente cuando México ha suscrito y ratificado convenciones que establecen parámetros claros para garantizar la independencia judicial.
Para la Corte-IDH, la independencia de los juzgadores no es un lujo doctrinal; es una condición indispensable para asegurar que la ciudadanía cuente con tribunales imparciales, libres de presiones y capaces de resolver con apego a derecho, no a intereses políticos o coyunturales.
II. ¿QUÉ SIGNIFICA UNA SENTENCIA DE LA CORTE-IDH?
Algunos sectores apuntan que las resoluciones de la Corte-IDH tienen efectos sólo simbólicos. Pero esa percepción es equivocada. Las sentencias del sistema interamericano son obligatorias para los Estados que voluntariamente aceptaron su jurisdicción. México lo hizo en 1998 y, desde entonces, ha cumplido con resoluciones complejas, incómodas, costosas. No es opcional.
Si la Corte concluyera que la reforma vulnera la independencia judicial, como anticipa Taraciuk, las consecuencias serían contundentes:
Obligación de modificar o derogar la reforma en los aspectos contrarios a la Convención Americana.
Reparación integral, que podría incluir medidas administrativas, legislativas o institucionales.
Supervisión internacional continua, hasta que el Estado mexicano demuestre cumplimiento total.
Impacto político interno, pues se abriría un debate nacional sobre los límites del poder reformador del Congreso y sobre la vigencia del principio de convencionalidad.
México ya ha enfrentado resoluciones de esta naturaleza, pero nunca respecto de una reforma constitucional del calibre de la judicial. Esta sería, sin duda, una prueba mayor para el sistema institucional del país.
III. ESCENARIOS POSIBLES: ENTRE LA TENSIÓN Y LA PRUDENCIA
Como en todo asunto litigioso, cabe la posibilidad de que la sentencia no sea tan categórica como anticipa Taraciuk. Pero si se presentara un fallo condenatorio —y la probabilidad, según la especialista, es alta—, el país tendría frente a sí varios escenarios:
1. Cumplimiento pleno y ordenado
Sería el escenario más institucional: el Estado acata el fallo, implementa reformas correctivas, ajusta el diseño judicial y envía un mensaje claro de respeto al orden internacional. Este escenario implicaría diálogo político y técnico, así como la capacidad del Congreso para procesar modificaciones sensibles sin convertirlas en bandera partidista.
La ventaja es evidente: México reforzaría su compromiso con los derechos humanos y enviaría señales de estabilidad jurídica.
2. Cumplimiento parcial y litigio prolongado
Esta ruta, más frecuente en algunos países de la región, consiste en aplicar sólo una parte de las resoluciones, posponer otras y estirar los plazos. Genera un desgaste institucional, mantiene la presión internacional y posterga certezas.
Para México, con su historial de cumplimiento razonable dentro del sistema interamericano, este escenario implicaría un retroceso reputacional y abriría tensiones con organismos internacionales.
3. Desacato abierto o velado
El escenario menos deseable, pero no imposible en momentos de tensión política. Desconocer la sentencia, minimizarla o reinterpretarla afectaría severamente la credibilidad del país en el ámbito internacional y podría tener consecuencias diplomáticas y económicas.
Además, afectaría la posición del propio Poder Judicial, pues lo colocaría en una encrucijada entre acatar los principios de convencionalidad o alinearse con decisiones políticas.
4. Renegociación política interna
Cabe imaginar una salida híbrida: reformas sustantivas al modelo judicial que conserven ciertos elementos de la transformación original, pero ajustadas para cumplir los estándares internacionales. Esto requeriría pragmatismo político y apertura al diálogo plural.
IV. EL PAPEL DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
En su análisis, Taraciuk menciona tanto al expresidente López Obrador como a la presidenta Sheinbaum, pero conviene subrayar que una sentencia internacional no se convierte en juicio político. Se trata de una evaluación jurídica sobre el cumplimiento de compromisos internacionales.
La actual administración, en ese sentido, enfrentaría la responsabilidad de encauzar el cumplimiento con estabilidad y sin convertir el asunto en una confrontación interna. La forma en que responda será clave para medir su capacidad institucional y su visión sobre el Estado de derecho.
En justicia hay conceptos que no admiten matices: la independencia judicial es uno de ellos.
V. MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS: LO QUE ESTÁ EN JUEGO
No debe perderse de vista que el debate no es sólo mexicano. América Latina vive un momento de presiones crecientes sobre el Poder Judicial en varios países. La Corte-IDH se ha convertido en un contrapeso de última instancia frente a reformas que, bajo el argumento de democratizar la justicia, terminan debilitándola.
Por eso las declaraciones de Taraciuk resuenan más allá de lo local: recuerdan que ningún Estado está por encima de los estándares internacionales que voluntariamente aceptó.
VI. CONCLUSIÓN: UNA OPORTUNIDAD EN DISFRAZ
Si México es finalmente condenado —como prevé la especialista—, la reacción determinará el rumbo institucional del país en los próximos años. Una sentencia así puede interpretarse como un agravio o como una oportunidad: la oportunidad de revisar, con seriedad, el diseño judicial; de corregir excesos; de reforzar la confianza ciudadana y de demostrar que el Estado mexicano honra su palabra.
El país tiene ante sí un laberinto, sí, pero también la posibilidad de encontrar una salida sólida. La prudencia, el diálogo y el respeto irrestricto al Estado de derecho serán las únicas brújulas confiables.
En un entorno de incertidumbre global, nada fortalece más a una nación que sostener, con firmeza y sin estridencias, su compromiso con la justicia.
About the Author
